¿Sus beneficios de desempleo terminan el 4 de septiembre? ¡Puede tener ayuda!

Se calcula que 314.097 trabajadores de Massachusetts perderán todos sus beneficios de desempleo a partir de la semana que termina el 4 de septiembre debido a la finalización de la Asistencia de Desempleo por Pandemia (PUA, por sus siglas en inglés) y la Compensación por Desempleo de Emergencia Pandémica (PEUC). Si sus beneficios por desempleo están llegando a su fin, podría obtener otros beneficios como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y la Ayuda de Transición para Familias con Hijos Dependientes (TAFDC).

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Life-Changing Housing in North Point, Salem

Harbor Crossing building in Salem

Harbor Crossing in Salem

A new kind of apartment building opened in the North Point neighborhood of Salem in April 2019. Designed for formerly homeless youth and youth aging out of foster care, Harbor Crossing has 16 subsidized studio apartments and has been home to 23 youth since its inception. 

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Conseguir el dinero federal por COVID a través de Pagos por Estímulo y créditos por impuestos

El Gobierno Federal está dándole a las personas más dinero a través de Pagos por Estímulo y créditos por impuestos. Este dinero no es solo para quienes deben presentar una declaración de impuestos por el dinero que ganan – para obtener este dinero, no importa si tiene bajos ingresos O si no tiene ingresos.

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¿Se enfrenta a un desalojo o está preocupado por pagar el alquiler? Disponemos de ayuda

La moratoria federal de desalojo, implementada cuando la pandemia se apoderó de los Centros para el Control de Enfermedades de EE. UU. en 2020, expiró el 31 de julio de 2021. El 3 de agosto, la Administración de Biden extendió la moratoria. Puede encontrar más información sobre la moratoria en bit.ly/COVIDEvictionMoratorium.

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Defensores de todo el estado están presionando en favor de políticas de desvío de desalojos

La moratoria de desalojo originaldel Centro de Control de Enfermedades terminó el 31 de julio de 2021, lo cual dejó a más inquilinos en todo Massachusetts en riesgo de desalojo durante una crisis de salud pública actual.

A medida que nos enfrentamos a nuevos picos de casos de COVID, las organizaciones y los municipios están trabajando horas extras con el fin de conseguir que las personas reciban ayuda para el alquiler y la hipoteca y así evitar los desalojos y las ejecuciones hipotecarias antes de que lleguen a los tribunales.

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La nueva ley de Massachusetts mantiene las protecciones esenciales para los inquilinos

El 15 de junio de 2021, el mismo día en que las protecciones a los inquilinos del capítulo 257 iban a finalizar, la legislatura estatal votó a favor de prorrogarlas. Al día siguiente, el gobernador Baker firmó la legislación y la convirtió en ley. La nueva ley, Capítulo 20 de las Leyes de 2021, continúa con el requisito del Capítulo 257 que exige que los tribunales pongan en pausa los casos de desalojo por falta de pago cuando los inquilinos tienen solicitudes pendientes de ayuda para el alquiler. Esta protección, prorrogada hasta abril de 2022, garantizará que los tribunales no emitan órdenes de desahucio mientras los inquilinos estén buscando ayuda para pagar el alquiler.

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Una nueva orden presidencial pretende ampliar el acceso a la asistencia jurídica

La semana pasada, el presidente Biden firmó un memorando presidencial para ampliar el acceso a la representación legal y a los tribunales.

“El acceso oportuno y asequible al sistema legal puede marcar la diferencia en la vida de una persona, ya sea sacando a un individuo de la pobreza, manteniendo a una persona en su hogar, ayudando a un niño no acompañado a buscar asilo, ayudando a alguien a luchar contra una estafa al consumidor o asegurando que un individuo acusado de un delito pueda preparar una defensa sólida y recibir un juicio justo”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.

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¿Está usted luchando para poder pagar Internet? Está disponible un beneficio de emergencia

Debido a la mudanza de los procedimientos judiciales a Zoom durante la pandemia, la falta de acceso a Internet o de dispositivos conectados a Internet ha impedido el acceso a la justicia de numerosas personas de bajos recursos en el Estado. Mucha gente no puede conectarse a las audiencias judiciales, luchan para presentar evidencias para apoyar su caso, o no pueden participar en lo absoluto en el proceso legal.

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